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La convocatoria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, la primera que se pondrá en marcha bajo el nuevo marco de la Llei de Barris 11/2022, está prevista para el próximo mes de julio. Con una inversión global de 1.600 millones de euros, este ambicioso programa tiene como objetivo transformar barrios y pueblos catalanes a lo largo de los próximos cinco años, impulsando entre 100 y 120 proyectos de regeneración integral que combinen transformación física, transición ecológica y acción sociocomunitaria.
Esta nueva etapa puede convertirse en un referente para el conjunto del Estado, del mismo modo que lo fueron en su día las convocatorias derivadas de la Llei de Barris 2/2004, que supusieron un hito en las políticas de regeneración urbana. Hoy, al amparo de la nueva ley y con una mirada actualizada que da respuesta a los desafíos del cambio climático, la creciente desigualdad y la necesidad de modelos urbanos más resilientes e inclusivos, el Pla de Barris impulsará programas de transformación física, transición ecológica y acción sociocomunitaria para reducir desigualdades, mejorar condiciones de vida y garantizar acceso a servicios y vivienda digna, en los barrios más vulnerabilizados del territorio catalán.
Así, tras la previsible y próxima aprobación del decreto, el próximo mes se lanzará la primera convocatoria de ayudas, destinada a municipios cuyas áreas cumplan criterios de vulnerabilidad, permitiendo subvenciones para intervenciones urbanísticas, ambientales y sociales que aseguren una actuación integral y efectiva.
A continuación, te describimos las claves que tenemos hasta ahora del nuevo Pla de Barris i Viles.
Un poco de contexto: el valor de la regeneración urbana
La planificación urbana constituye una herramienta clave para definir una visión de ciudad a largo plazo, orientada hacia modelos más justos, saludables y sostenibles. Permite ordenar el crecimiento del territorio, mejorar la eficiencia de los recursos y articular políticas que respondan tanto a las necesidades inmediatas de la ciudadanía como a los grandes retos estructurales del presente y del futuro.
Las ciudades y territorios no parten de cero. Están atravesados por dinámicas sociales y económicas que configuran su día a día. Cada municipio, cada territorio, cada barrio, enfrenta una realidad única, marcada por sus propias vulnerabilidades, pero también por sus capacidades. Sin embargo, muchos de estos desafíos locales —como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la movilidad o la calidad del espacio público— no pueden desvincularse de los grandes retos globales como la emergencia climática, la transformación energética o el aumento de las desigualdades sociales. Estos fenómenos, aunque a menudo tratados por separado, están profundamente interconectados.
En este contexto, la regeneración urbana se presenta como una de las estrategias más potentes para transformar nuestras ciudades. No se trata solo de intervenir en lo físico o de mejorar la estética urbana, sino de actuar sobre el conjunto de factores que condicionan la vida urbana. Regenerar no es solo rehabilitar edificios o renovar calles: es fortalecer los vínculos vecinales, fomentar la inclusión, recuperar el entorno natural y construir comunidades más sostenibles, justas y resilientes.
Sin embargo, para que sea realmente efectiva en sus objetivos, la regeneración urbana debe entenderse como un proceso colectivo, en el que la comunidad local participe activamente en la definición de prioridades y en la implementación de soluciones. Solo así se garantiza que las transformaciones respondan realmente a las necesidades de las personas que habitan los barrios, y no solo a intereses externos o especulativos.
Por ello, más que una intervención puntual, la regeneración urbana es una apuesta política y social por el derecho a la ciudad. Una oportunidad para reconciliar lo urbano con lo natural, lo social con lo espacial, y lo cotidiano con lo estratégico. Una vía para imaginar, desde lo local, un futuro común más habitable y equitativo para todas y todos.
El caso del Pla de Barris i Viles
En los últimos meses, este compromiso político se ha traducido en el impulso a diversos planes estratégicos, no solo las agendas urbanas u otros documentos similares, sino también desde el lanzamiento de la convocatoria del Plan EDIL, financiada por fondos FEDER, que ha promovido el desarrollo de propuestas de Planes de Actuación Integral en muchos municipios del territorio.
Siguiendo esta perspectiva integral y participativa, Catalunya ha puesto en marcha su nuevo Pla de Barris i Viles, un ambicioso programa financiado por la Generalitat que prevé invertir hasta 1.600 millones de euros a lo largo de cinco años para la regeneración de ciudades.
Esta iniciativa se enmarca, a su vez, en la Llei 11/2022, o “Llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i les viles de Catalunya”, y busca transformar entornos urbanos vulnerables mediante intervenciones integrales que combinan rehabilitación física, sostenibilidad ambiental e inclusión social. Dicha ley, heredera de la Ley 2/2004 de Mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial, así como su Pla de Barris vinculado, ejecutado entre 2004 y 2010, establece el marco normativo con el que poder impulsar planes de mejora que actúen sobre cascos históricos, polígonos de bloque abierto de los años 50 a 70, zonas periurbanas y otras zonas vulnerables que sufren segregación socioeconómica.
Su objetivo es mejorar la calidad de vida en los municipios a través de la rehabilitación de viviendas, espacios públicos, equipamientos, y al mismo tiempo abordar cuestiones como la eficiencia energética, la naturalización de las ciudades y el fortalecimiento del tejido sociocomunitario.
¿Cómo se organizará?
Aunque se espera que la convocatoria sea lanzada el mes de julio, hasta ahora se ha apuntado que el nuevo Pla de Barris se estructurará en cinco convocatorias anuales, disponiendo de una inversión total de 1.600 millones de euros —donde 1.000 millones serían aportados por la Generalitat y 600 millones por los propios municipios. Con eso, el programa buscaría financiar entre 100 y 120 proyectos de transformación física, transición ecológica y acción sociocomunitaria.
Según lo que se conoce hasta ahora, se prevé que los municipios presenten sus propuestas desde el lanzamiento de la convocatoria y hasta el 30 de septiembre, definiendo áreas de actuación que cumplan con los criterios de «Área de Atención Especial», a partir de indicadores de vulnerabilidad social, económica y ambiental. Estos criterios incluirán una renta neta media por persona inferior a la media de Catalunya y la presencia de condiciones urbanas precarias, como déficit de servicios básicos, degradación ambiental y problemas de accesibilidad. La metodología para identificar las áreas prioritarias de actuación se basará, en principio, en indicadores de vulnerabilidad social, económica y ambiental, cuya definición se detallará en la futura convocatoria.
Los proyectos financiados deberán abordar de forma integral tres ámbitos estratégicos:
- Transformaciones físicas: rehabilitación de viviendas, mejora de espacios públicos y eficiencia energética.
- Transición ecológica: adaptación al cambio climático, naturalización de espacios urbanos y fomento de la economía circular.
- Acción sociocomunitaria: programas de inclusión social, empleo local y participación ciudadana.
Por otro lado, es importante apuntar que se trata de proyectos de cofinanciación. Dicha cofinanciación depende del tamaño de los municipios: las ciudades más grandes deberán aportar un 50%, mientras que los municipios más pequeños contarán con mayores niveles de apoyo, previsiblemente entre un 70 y un 75% de financiación. Se espera que los proyectos seleccionados se resuelvan antes de fin de año, para poder contemplarlos en la definición de los presupuestos de 2026.
Definiendo un proceso colectivo
La ley pone el acento en la participación ciudadana desde el inicio, asegurando que las comunidades locales estén implicadas en el diseño, ejecución y seguimiento de los proyectos, fomentando distintos niveles de participación, tanto a nivel de coordinación y trabajo con la comunidad local como entre las áreas internas del ayuntamiento, buscando asegurar que las intervenciones puedan ser transversales.
En ese sentido, el Pla de Barris i Viles tiene la voluntad de articular comunidades de práctica y aprendizaje colectivo. Así, a través de jornadas técnicas, consejos asesores y espacios de intercambio de buenas prácticas entre municipios, se buscará consolidar un ecosistema colaborativo que permita escalar experiencias exitosas y mejorar las capacidades institucionales en materia de planificación urbana con impacto social.
En paralelo, la Generalitat organizará sesiones informativas y técnicas —está prevista una primera sesión técnica explicativa de la convocatoria para el 15 de julio— para acompañar a los municipios en la elaboración de sus propuestas y la justificación de los ámbitos de intervención. Asimismo, la Diputación de Barcelona ha aprobado una ayuda de 225.000 euros para que los municipios puedan contratar asistencias técnicas para preparar la convocatoria. Además, para garantizar una implementación efectiva, se ha creado el Comissionat de Barris i Viles, un organismo encargado de coordinar las acciones del plan y proporcionar apoyo técnico a los municipios, y se establecerá una Oficina Técnica de Barris i Viles para asesorar a los ayuntamientos y facilitar la gestión de las convocatorias.
Este nuevo Pla de Barris no solo recupera el espíritu de las políticas públicas que marcaron una época de transformación urbana en Catalunya, sino que actualiza su enfoque para responder a los desafíos actuales: el cambio climático, la desigualdad social y la necesidad de modelos urbanos más sostenibles e inclusivos. Se trata, en definitiva, de una oportunidad única para reimaginar nuestros barrios como espacios vivos, resilientes y construidos colectivamente.
Por una regeneración integral y participada
El Pla de Barris i Viles de Catalunya es tanto un programa de inversión en entornos urbanos vulnerables como una nueva apuesta por repensar la ciudad desde lo colectivo, la equidad y la sostenibilidad. Al recuperar la tradición de políticas urbanas comprometidas con la mejora de la vida cotidiana, busca poner en el centro a las personas y su derecho a habitar espacios dignos, seguros y accesibles, algo especialmente importante ante un contexto marcado por las crisis derivadas de la emergencia climática, la desigualdad social y la necesidad de modelos urbanos más sostenibles e inclusivos.
La regeneración urbana, entendida tanto como herramienta urbanística como posicionamiento político para mejorar la ciudad desde sus barrios, ha definido la trayectoria de Paisaje Transversal, hasta el punto de constituir parte de su propia esencia. Proyectos como Regenera Virgen de Begoña (VdB) y, en el caso concreto de Catalunya, Olot més Bé, son ejemplos directos de iniciativas que se nutren del impulso generado por los programas del Pla de Barris, intervenciones con las que hemos desarrollado metodologías participativas para implicar activamente a la ciudadanía en la definición de planes de regeneración integral, orientados a mejorar la sostenibilidad urbana y fortalecer la cohesión social. A partir de este impulso, hemos tenido la oportunidad de poner en práctica estas metodologías para la regeneración urbana en otros contextos y territorios, transfiriendo aprendizajes y acompañando procesos de regeneración urbana en diferentes ciudades de nuestro país.
Hoy, ante esta nueva etapa del Pla de Barris bajo el marco de la Llei 11/2022, volvemos a involucrarnos con la oportunidad que representa para evolucionar a partir de los aprendizajes acumulados, incorporando con mayor énfasis la adaptación y transformación urbana desde una perspectiva que articule la justicia social y climática, abordando retos tan cruciales como el acceso a la vivienda, el confort y la adaptación frente al cambio climático, así como la equidad socioeconómica. Se trata de avanzar desde los barrios, con una implicación social directa y una transversalidad técnica que aceleren y garanticen transformaciones reales en los próximos años, reduciendo desigualdades y vulnerabilidades ante los desafíos futuros.
Una regeneración urbana integral y participativa permite construir nuevas formas de habitar. Eso, más que una obligación técnica, es un acto de justicia urbana; un compromiso político, ético y social con las generaciones presentes y futuras.