
El calentamiento global constituye uno de los desafíos socioambientales más complejos y urgentes a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Impulsado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se manifiesta como un aumento continuo de la temperatura media de la superficie terrestre y oceánica, generando alteraciones significativas en el sistema climático global. Estos cambios se traducen en fenómenos cada vez más evidentes, como el ascenso del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos hídricos o la amenaza a la seguridad alimentaria, afectando de forma transversal tanto a los ecosistemas como a la salud humana.
En este contexto, el calor extremo se ha consolidado como uno de los principales riesgos derivados del cambio climático, especialmente en el ámbito urbano. Las ciudades españolas, y en particular las ubicadas en el ámbito mediterráneo, se sitúan entre los territorios europeos más vulnerables a los efectos de este fenómeno, registrando ya un incremento sostenido en la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor. Estos episodios no solo suponen una amenaza directa sobre la salud pública —con aumentos en la mortalidad y morbilidad asociadas al estrés térmico—, sino que también inciden negativamente sobre el bienestar de los ecosistemas urbanos, degradando sus capacidades de regulación climática.
La comunidad científica internacional, a través del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), alerta de la urgencia de avanzar simultáneamente en las estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero y en la adaptación al calor extremo. En el caso particular de los territorios mediterráneos, los escenarios climáticos proyectan un aumento significativo de las temperaturas máximas, una mayor frecuencia de noches tropicales y una prolongación de los periodos cálidos, lo que acentúa la necesidad de desplegar políticas específicas de adaptación en los entornos urbanos.
El marco europeo: las ciudades como actor clave
Ante estos desafía la Unión Europea ha articulado una ambiciosa respuesta política a través del Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y la iniciativa de las Misiones Climáticas. En este marco, las ciudades son reconocidas como espacios críticos de actuación por su elevada concentración demográfica, sus elevadas emisiones y su alta exposición a los impactos climáticos. Su capacidad de transformación es, por tanto, determinante para alcanzar los objetivos climáticos de la UE.
Precisamente, dentro de la iniciativa «Ciudades inteligentes y climáticamente neutras en 2030», la Comisión Europea ha seleccionado 100 ciudades europeas, entre ellas València, para liderar procesos ejemplarizantes de descarbonización y adaptación urbana. Uno de los instrumentos fundamentales que impulsa esta misión son los Acuerdos Climáticos (Climate City Contracts), acuerdos voluntarios entre las ciudades y la Comisión que establecen los compromisos, programas de acción y mecanismos de gobernanza necesarios para transitar hacia la neutralidad climática.
En este contexto, el Acuerdo Climático de València constituye el principal instrumento local para implementar estrategias integradas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, incluyendo de forma específica la incorporación de medidas para reducir los riesgos asociados al calor extremo en el marco de un desarrollo urbano sostenible y resiliente.
Las desigualdades frente al estrés térmico urbano

El impacto del calor extremo no afecta a toda la población por igual. Su incidencia varía en función de la distribución territorial, las características del tejido urbano y las condiciones socioeconómicas de los habitantes. Así, factores como la estructura morfológica de los barrios, la disponibilidad de espacios verdes, las condiciones de las edificaciones, la renta de los hogares y el estado de salud y grado de dependencia de las personas determinan la capacidad adaptativa de la población ante episodios de temperaturas extremas.
Esta realidad evidencia la necesidad de adoptar un enfoque de transición justa, un principio ampliamente defendido en el marco de las políticas climáticas de la Unión Europea. La transición justa busca que el proceso de descarbonización y adaptación al cambio climático se desarrolle de forma equitativa, protegiendo especialmente a los colectivos y territorios más vulnerables, de modo que nadie quede atrás. En el caso de los entornos urbanos, este principio exige priorizar la intervención en aquellos ámbitos que combinan mayores exposiciones al riesgo térmico con menores capacidades de adaptación.
Incorporar acciones contra el calor en el Acuerdo climático el caso de València
La ciudad de València afronta el desafío climático desde una posición estratégica singular en el panorama europeo. Junto a Vitoria-Gasteiz, es una de las dos únicas ciudades españolas que ostentan el sello europeo de la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras en 2030 (NZC), al tiempo que ha formalizado su adhesión a la Misión de Adaptación al Cambio Climático promovida por la Comisión Europea. Esta doble condición sitúa a València a la vanguardia de las políticas urbanas orientadas a la neutralidad climática, articulando de forma integrada los objetivos de mitigación y adaptación frente al cambio climático, con un compromiso explícito por construir una ciudad resiliente frente a los impactos del calentamiento global.
Entre las distintas iteraciones del Acuerdo Climático, la revisión que aquí se aborda —impulsada por València Clima i Energia— tiene como objetivo específico reforzar las medidas vinculadas a la adaptación frente al calor extremo, integrando propuestas concretas derivadas tanto de los compromisos europeos como del trabajo desarrollado en el proyecto europeo Fair Local Green Deal, que aporta un enfoque centrado en la transición just.


Punto de partida, marco global y local frente al calor
El primer paso para incorporar acciones frente al calor ha consistido en revisar las medidas ya presentes en el marco municipal, así como identificar oportunidades adicionales a partir de experiencias internacionales y del análisis de los instrumentos locales.
El Acuerdo Climático de València estructura la acción municipal en seis dominios: Movilidad y Transporte, Energía, Economía e Industria, Renaturalización, Biodiversidad y Resiliencia, Vivienda y Edificios, y Urbanismo y Hábitat. Aunque algunos objetivos ya contribuyen indirectamente a la adaptación térmica, era necesario profundizar en la integración transversal de medidas específicas frente al calor.


A nivel internacional, se analizaron referencias como las recomendaciones de la OMS sobre olas de calor, las directrices del IPCC en adaptación urbana, los Urban Heat Resilience Toolkits de C40 Cities, los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente y experiencias de ciudades como París, Rotterdam, Londres o Atenas.
De esta revisión surgieron seis bloques temáticos de intervención:
- Integración del calor en el planeamiento urbanístico y normativo.
- Adaptación de servicios públicos, equipamientos y hábitos ciudadanos.
- Diseño bioclimático del entorno construido, espacio público y edificación.
- Naturalización urbana como refrigeración natural.
- Mejora de la eficiencia de los sistemas de refrigeración.
- Reducción del calor antropogénico derivado de la actividad urbana.
En paralelo, se revisaron documentos sectoriales municipales, entre ellos: el Plan Verde y de la Biodiversidad, el Plan de Adaptación al Cambio Climático 2050, el PACES, la Estrategia Urbana València 2030, el Plan Especial de Directrices de Calidad Urbana, los proyectos europeos GrowGreen y Urban GreenUP, el Plan Director de Infraestructura Verde y el Plan de Gestión del Arbolado Urbano. Este análisis permitió configurar un primer banco de propuestas que sirvió de base para su posterior priorización.
Identificación de las desigualdades frente al calor en València
El impacto del calor extremo en la ciudad de València presenta una marcada dimensión territorial y social, que genera patrones diferenciados de vulnerabilidad según la localización urbana, las características socioeconómicas y las condiciones residenciales. La identificación de estas desigualdades resulta clave para orientar las políticas de adaptación bajo un enfoque de transición justa, priorizando la intervención en los colectivos y ámbitos urbanos más expuestos.
En concreto el análisis territorial de vulnerabilidades ha considerado múltiples dimensiones:
- Riesgo térmico (GrowGreen): combinando amenaza climática, sensibilidad urbana (densidad edificatoria, población mayor), capacidad adaptativa (dotación de equipamientos, renta, espacios libres) y exposición al estrés térmico.
- Morfología urbana (Local Climate Zones): analizando admitancia térmica, albedo superficial y calor antropogénico asociado a la actividad humana.
- Vulnerabilidad socio-residencial: considerando edad, ingresos, dependencia, situación de vivienda y falta de climatización.
- Desigualdad en el acceso a infraestructura verde y azul: evaluando la distribución de espacios libres globales y de proximidad, la densidad de arbolado y los viales peatonalizados.
El cruce de estos factores permitió delimitar un mapa de áreas funcionales vulnerables, identificando aquellos ámbitos donde se solapan las distintas dimensiones de riesgo, configurando los espacios prioritarios de intervención adaptativa.

Qué proponemos a nivel local: integración de nuevas acciones frente al calor en el Acuerdo Climático de València
La adaptación al calor se ha integrado de forma transversal en los distintos dominios del Acuerdo Climático, incorporando subtemáticas específicas que permiten abordar el riesgo térmico desde sus múltiples interacciones urbanas, sociales y ambientales.
En Urbanismo y Hábitat, se incluyen criterios climáticos en el planeamiento, el diseño de equipamientos adaptados y programas sociales frente a la vulnerabilidad. En Renaturalización y Biodiversidad, se refuerza la infraestructura verde, el drenaje sostenible y la biodiversidad adaptada, promoviendo además la participación ciudadana. En Edificios y Calefacción-Frío, se prioriza la rehabilitación energética y la descarbonización de los sistemas de climatización. En Transporte, se fomenta la reducción de desplazamientos motorizados y el cambio modal adaptado al clima. Por último, en Residuos, se incorporan estrategias relacionadas con el ciclo del agua, clave para la regulación térmica y la gestión hídrica urbana.
El proceso de priorización de acciones ha considerado tres dimensiones: las propuestas surgidas del proceso participativo del Fair Local Green Deal; las actuaciones con mayor impacto en la reducción de desigualdades; y aquellas con mayor aportación directa a la adaptación térmica, especialmente en los dominios de Renaturalización y Urbanismo.


Fruto de este trabajo, se priorizan las siguientes nueve actuaciones a incorporar en el acuerdo climático:
- Adaptación del planeamiento urbanístico incorporando la infraestructura verde.
- Desarrollo de entornos escolares sostenibles y saludables.
- Dotación de servicios socioambientales en zonas verdes y equipamientos.
- Microintervenciones de renaturalización para la adaptación térmica.
- Diseño y aplicación de una red de refugios climáticos.
- Regeneración urbana de bloques de renta limitada.
- Programas de sensibilización y formación frente al calor.
- Servicios domiciliarios para necesidades básicas de habitabilidad.
- Actuaciones de prevención y protección de la salud para colectivos vulnerables.
Además, se ha revisado el conjunto de acciones ya existentes en el Acuerdo Climático, incorporando criterios que refuerzan su capacidad adaptativa frente al calor. La revisión contempla:
- Identificación del tipo de vulnerabilidad principal atendida (morfología urbana, accesibilidad y estado de infraestructura verde, vulnerabilidad social o residencial).
- Determinación de los ámbitos urbanos prioritarios de intervención en función de las áreas funcionales vulnerables.
- Inclusión de criterios específicos de transición justa, considerando la participación de las comunidades afectadas, la protección de colectivos vulnerables, la equidad en la distribución de beneficios, el acceso a recursos y servicios, la capacitación ciudadana y el reconocimiento de responsabilidades diferenciadas ante el cambio climático.
Con este trabajo, el Acuerdo Climático de València incorpora medidas específicas frente al calor y refuerza la capacidad adaptativa de la ciudad frente a uno de los riesgos más relevantes derivados del cambio climático. Permite consolidar un marco de planificación climática más robusto, sensible a las desigualdades territoriales y plenamente alineado con los principios de transición justa, constituyendo además una base estratégica para futuras fases de planificación y para el desarrollo de un Plan Local de Adaptación para la ciudad.