La reciente cumbre climática (COP30) celebrada en Belém, Brasil, ha vuelto a situar en primer plano el debate sobre las dificultades para impulsar una respuesta global coherente ante el avance del cambio climático.
Muchos veían esta edición como un punto de inflexión, y han acabado por definirla como una nueva ocasión desaprovechada, especialmente en lo relativo al establecimiento de compromisos más firmes y vinculantes sobre la reducción del uso de combustibles fósiles.
En cualquier caso, los acuerdos adoptados, los debates generados y las dinámicas políticas han puesto de manifiesto que los impactos del calentamiento global ya son visibles en todos los territorios.
La COP: un marco central de gobernanza climática
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, o Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne de forma anual para llevar a cabo la evaluación del progreso en torno al combate al cambio climático y las negociaciones el desarrollo del marco normativo internacional en materia de cambio climático.
Celebrada desde 1995, con excepción de 2020 por la pandemia de la COVID-19, constituye la arquitectura institucional que regula las negociaciones globales sobre mitigación, adaptación, financiación climática y mecanismos de transparencia. Su hito más relevante hasta la fecha es el Acuerdo de París, que estableció la obligación colectiva de limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 °C y de realizar esfuerzos para no superar 1,5 °C.
Sin embargo, pese a la entrada en vigor de este acuerdo en 2016, las emisiones globales de dióxido de carbono no han dejado de incrementarse: desde su firma, las emisiones derivadas de la combustión de combustibles fósiles y de la producción de cemento han crecido para 2025 casi un 10 %, prolongando una tendencia que complica de manera significativa la consecución de los objetivos climáticos globales.
La perspectiva científica dominante coincide en que la superación estable del umbral de 1,5 °C es ya prácticamente inevitable en la próxima década. Este escenario, que plantea impactos más severos y frecuentes, incrementa la relevancia del sistema de gobernanza climática internacional, pero también subraya sus limitaciones: los acuerdos requieren concreción, responsabilidades diferenciadas y un mayor grado de alineamiento entre los compromisos estatales y los instrumentos de planificación nacionales y subnacionales.
COP30: avances, limitaciones y contexto
La elección de Belém, situada en la Amazonia, tuvo cierto valor simbólico, al celebrarse en un territorio clave para la estabilidad climática global. La expectativa principal se centraba en consolidar un acuerdo aún más explícito para reducir la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, así como para avanzar en la eliminación de los subsidios públicos destinados a estas energías, siguiendo la cumbre de Dubái en 2023, cuando se consiguió introducir un compromiso para dejar atrás estos combustibles de manera progresiva.
La COP30 venía marcada por la necesidad de ratificación de la implementación de los acuerdos ya establecidos, y, si bien se ratificaron algunos avances importantes como la creación de un fondo para la protección de los bosques tropicales, el acuerdo de incremento de financiación destinada a la resiliencia y la adaptación o la creación de un sistema amplio con 59 indicadores, la consideración de esta COP como una oportunidad perdida, tal y como mencionamos al principio, se debe por la incapacidad de la conferencia de redactar un documento final que aluda de forma clara y directa a esta reducción de los combustibles fósiles y la deforestación.
A esto se le suma la imposibilidad de establecer una hoja de ruta con plazos concretos o marcos regulatorios vinculantes con capacidad transformadora y el anunciado incremento de las emisiones en un 10%. Una visión marcada por un pesimismo y lejos de alcanzar los compromisos del Acuerdo de París, pese a que la expansión de renovables en países como China sugiera que podría alcanzarse el pico de emisiones en esta década.
Esa posible inversión de tendencia, aunque esperanzadora, no compensa todavía la lentitud en la reducción de la quema de combustibles fósiles, principal responsable del calentamiento global. Dicho de otra forma: aunque el sistema internacional avanza, lo hace todavía a una velocidad insuficiente para garantizar los objetivos climáticos globales, si bien esta COP deja claro que existe un importante vínculo entre el impacto climático y el desarrollo económico.
Como contraparte, y en lo positivo, es importante destacar la aprobación del Mecanismo de Acción de Belém para una Transición Justa Global, un sistema que, desde el fortalecimiento de la asistencia técnica, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos, busca implementar transiciones justas, como el respeto de los derechos laborales, el diálogo social, los sistemas de protección social, la promoción del trabajo decente y de empleos de calidad, la igualdad de género, y los derechos humanos y de los pueblos indígenas, poniendo en evidencia cómo la lucha climática y transición justa son inseparables.
Los municipios como actores decisivos de la transición ecológica
La acción local sigue siendo hoy un elemento central en la implementación de los compromisos globales frente al cambio climático. Ningún territorio queda al margen de los impactos climáticos y los municipios aparecen como la escala donde estos impactos se manifiestan con mayor claridad y urgencia. Las olas de calor, el estrés hídrico, la desertificación, las inundaciones repentinas, la pérdida de biodiversidad urbana y las crisis de salud asociadas a fenómenos climáticos extremos son fenómenos que requieren respuestas inmediatas y sostenidas en el tiempo.
Sin embargo, la capacidad municipal para avanzar hacia la resiliencia necesita de la existencia de un marco global y estatal que acelere la descarbonización. La persistente dependencia de los combustibles fósiles incrementa la vulnerabilidad local, eleva los costes de adaptación e introduce incertidumbre en la planificación urbana. Cuando los acuerdos climáticos no generan señales claras, los gobiernos locales deben operar en un entorno de transición ambigua, en el que los objetivos están definidos, pero los instrumentos normativos, financieros y operativos no siempre acompañan.
Pese a ello, las ciudades están demostrando su capacidad para actuar como aceleradoras de la transición desde documentos estratégicos como las Agendas Urbanas Locales. El despliegue de estrategias climáticas locales, la integración de criterios de mitigación y adaptación en los planes urbanísticos, la renaturalización de espacios públicos, la planificación de infraestructuras verdes y azules, la rehabilitación energética, la movilidad sostenible o la generación distribuida de energía son ejemplos de políticas urbanas que contribuyen de manera directa a la reducción de emisiones y a la mejora de la resiliencia, mientras refuerzan la coherencia interna de las políticas y facilitan la colaboración multinivel.
Hacia una gobernanza climática multinivel más coherente
El impacto real de las políticas contra el cambio climático se mide fundamentalmente en las ciudades y pueblos donde la ciudadanía experimenta, día a día, las consecuencias del calentamiento global. En ese sentido, el papel de los municipios se vuelve aún más relevante. No son únicamente ejecutores de políticas, sino auténticos laboratorios de innovación y resiliencia, capaces de anticipar y materializar las transformaciones que las cumbres internacionales apenas pueden enunciar.
La cumbre de la COP 30 refuerza la urgencia de avanzar hacia un modelo de gobernanza climática donde las escalas global, estatal, regional y municipal operen de forma coordinada. Para las administraciones locales, esto implica disponer de directrices claras, financiación suficiente y marcos regulatorios que permitan acelerar la transición energética y adaptativa. El ejemplo del Pacto Verde Europeo, que formaliza el compromiso de neutralidad climática en 2050, muestra la importancia de contar con horizontes estratégicos de largo plazo, acompañados de legislación específica que actúe como vector de transformación.
En un contexto donde la superación del umbral de 1,5 °C es ya prácticamente inevitable, las ciudades deben reforzar sus capacidades institucionales y técnicas para diseñar políticas de mitigación y adaptación más ambiciosas, basadas en la evidencia y articuladas mediante mecanismos de gobernanza relacional.
Esta gobernanza —multinivel, multiactor y multisectorial— es imprescindible para asegurar la coherencia entre la planificación estratégica local y los compromisos internacionales.